José Luis Vivero Pol*
Estamos en medio de una tormenta alimentaria perfecta, que tendrá nefastas consecuencias para los hogares más vulnerables del planeta. Se estima que esta subida notable del precio de los alimentos va a forzar a 100 millones de personas a entrar en el poco honroso club de los pobres extremos, de los cuales ya hemos registrado estadísticamente a 50 millones de hambrientos adicionales que han aumentado sólo en el 2007, según las ultimas cifras de FAO. Y la CEPAL indica que en Latinoamérica podríamos tener entre 10 y 15 millones más de pobres extremos al final del año.
¡Qué sangrante paradoja en la región que más se va a beneficiar del alza del precio mundial de los commodities alimentarios! América Latina ganará mucho dinero exportando alimentos más caros y sigue teniendo 52 millones de hambrientos en su territorio, 9 millones de ellos niños que sufre desnutrición crónica, lo que es una cadena perpetua de por vida. La región genera un 30% más de los alimentos necesarios para que todo el mundo coma bien. Es decir, no es un problema de producción sino de acceso a la comida.
Tras este oscuro preludio, me propongo detallar las diez principales razones por la cuales nuestra región no debería tener hambrientos ni desnutridos, y por qué se justifica priorizar el combate al hambre en todos los países, con el objetivo de que la región pueda estar “libre de hambre” en un plazo que todos podamos ver.
1.- Porque acabar con el hambre es una meta posible. América Latina y el Caribe tiene la capacidad financiera, institucional, de recursos humanos y naturales para erradicar el hambre en una generación. Hay que movilizar a la sociedad en su conjunto para terminar con el hambre, pues es un objetivo moralmente incuestionable y prácticamente alcanzable en una generación.
2.- Porque la razón ética y mediática está con el hambre a cero no con el hambre a la mitad. Eliminar totalmente el hambre es la meta, reducir a la mitad como establecen los Objetivos de Desarrollo del Milenio es sólo un objetivo intermedio. La experiencia del programa “Fome Zero” de Brasil muestra que los objetivos que aglutinan a toda la población, y en la cual todos y cada uno de los ciudadanos se sienten parte, son menos cuestionados y mejor entendidos. Llegan a la gente. Como prueba de esto, FAO y PMA acordaron establecer la erradicación de la desnutrición crónica infantil como la meta intermedia para el 2015.
3.- Porque los Objetivos de Desarrollo del Milenio no bastan. Los ODM son muy pertinentes para el mundo como metas mínimas, pero no parecen estar justificados como objetivos de desarrollo humano pleno. Si consideramos que un ciudadano alcanza su plenitud cuando tiene cubiertas su necesidades básicas, satisfechos sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y se siente parte de la colectividad nacional, no podemos aceptar como “desarrollo pleno” la reducción a la mitad de las muertes por desnutrición, la falta de acceso a la salud y la educación o la carestía de un hogar habitable.
4.- Porque este desafío Latinoamericano puede convertirse en una “marca” político-estratégica regional. Tener un espacio “libre de hambre” puede convertirse en un objetivo dinamizador de la cooperación en la Región, un componente de su “marca” político-estratégica que implique el “desafío latinoamericano”, y que marque diferencias frente a las otras dos regiones en desarrollo donde acabar con el hambre no parece tan factible (Africa y Asia). La Iniciativa “América Latina y el Caribe sin Hambre” apoya a los países de la región a posicionarla en la agenda del desarrollo mundial, y la lucha contra el hambre como prioridad regional.
5.- Porque toda reducción de la pobreza pasa inevitablemente por la eliminación del hambre. En América Latina y el Caribe, la población en extrema pobreza en 2004 representaba el 18% (96 millones) mientras que la población subnutrida alcanzaba el 10% (52 millones). Así, combatir el hambre no es lo mismo que combatir la pobreza. Los programas de seguridad alimentaria tienen como objetivo encontrar soluciones rápidas y de amplia envergadura para reducir drásticamente el número de los hambrientos. Esto implica que la lucha contra el hambre, pre-requisito del combate a la pobreza, puede llevarse a cabo mediante programas nacionales poco complejos. El hambre es la más cruel y extrema dimensión de la pobreza.
6.- Porque este es el momento político-económico adecuado. América Latina vive un momento de crecimiento económico que no experimentaba hace cuatro décadas (con un crecimiento medio superior al 4% anual). Este crecimiento se verá afectado por el alza del precio de los alimentos, pero también muchos países van a aumentar sus ingresos por exportación de commodities alimentarios. En general, la denominada “crisis alimentaria” puede suponer una buena oportunidad para la región en su conjunto. Por otro lado, las elecciones de los últimos 3 años han colocado nuevos gobiernos al frente de sus países que están revalorizando las cuestiones sociales, colocándolas en muchos casos por delante de los temas económicos o de seguridad. Y se está aumentando el gasto social, entendido como inversión.
7.- Porque lo social es eje central de las políticas públicas del Estado. Desde hace un tiempo, se está produciendo un giro de largo alcance en el papel del Estado como conductor de la política y la economía del país, y no como mero ente regulador como se establecía en el Consenso de Washington. La crisis multicausal en la que está el mundo inmerso actualmente (financiera, energética, medioambiental y alimentaria) está forzando a replantearse el rol de los Estados como reguladores y protectores de sus ciudadanos, frente a agentes transnacionales que operan sin transparencia en el libre mercado. El Estado está recuperando espacios perdidos en los años noventa con una mayor participación para garantizar los derechos mínimos de sus ciudadanos, y como responsable de una mayor cohesión social (mejor reparto de beneficios y red de protección social más inclusiva).
8.- Porque la alimentación es un derecho. Esto aparecía en la Carta de Derechos del Hombre desde 1946, pero no fue hasta la entrada en vigor del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1976 que el derecho a la alimentación cobró cuerpo jurídico y vinculante. El derecho a la alimentación tiene una doble dimensión: estar libre de hambre y tener acceso a una alimentación adecuada con inocuidad y pertinencia cultural. Evidentemente, la primera sólo afecta a los hambrientos y ha de ser garantizada de manera inmediata. La segunda dimensión afecta a todo el mundo y su cumplimiento ha de llevarse a cabo de manera progresiva y ha de ser el objetivo de una política alimentaria en base a los derechos humanos. Para cumplir con esto, se necesita un marco institucional y legal adecuado que cree condiciones adecuadas y mantengan las iniciativas de lucha contra el hambre a través de los años, sin depender de la voluntad de los gobiernos de turno.
9.- Porque el hambre impide el desarrollo pleno de la democracia y la ciudadanía. Con el estomago vacío no se participa. El hambre alimenta tensiones sociales, repercute en la gobernabilidad y en el pleno desarrollo de la democracia. Tal vez por eso, en muchas naciones latinoamericanas donde no se satisfacen las necesidades primarias (comer, hogar, agua potable, salud), los ciudadanos prefieren un modelo donde prime el desarrollo económico sobre los valores inherentes a democracias, tal y como destapó un informe del PNUD en 2004. Y como las desigualdades se mantienen y el crecimiento económico sólo beneficia a unos pocos, estas “democracias hambrientas” no cuentan con la legitimidad de sus ciudadanos. Esto demuestra que tenemos que considerar el hambre como un tema político y no sólo una cuestión social, técnica o humanitaria.
10.- Porque el hambre repercute negativamente en el crecimiento económico y la competitividad. Elevadas cifras de desnutrición afectan al desempeño económico, tal y como demuestran estudios recientes del Banco Mundial, vinculando la desnutrición infantil con la disminución en el crecimiento del PIB anual. La desnutrición infantil es irreversible y afecta a la capacidad física y mental de las personas, disminuyendo su capacidad profesional. Cuando tenemos cifras de desnutrición superiores al 20% esto afecta seriamente a la competitividad de un país. Es por eso que la reducción del hambre no debe ser vista como un gasto social sino como una buena inversión económica a corto, medio y largo plazo, ya que repercute en un mayor crecimiento económico. Esto es la conclusión a la que han llegado los premios Nobel que se reúnen bajo el paraguas del Consenso de Copenhague: las inversiones más rentables y eficientes para cumplir los ODM son aquellas que buscan reducir la desnutrición infantil.
Estas diez razones requieren de voluntad política a alto nivel para materializarse en acciones concretas. Se requiere el liderazgo de individuos notables para convencer a la población y a quienes manejan las maquinarias del Estado para poner en marcha programas nacionales de lucha contra el hambre que cuenten con fondos adecuados, una institucionalidad sostenible, apoyo de diversos sectores, ayuda financiera internacional y que sea, finalmente, una “Política de Estado”. No vamos a acabar con el hambre en América Latina y el Caribe en 10 años, pero si debemos estar convencidos que con los medios adecuados, podemos hacerlo, sabemos hacerlo y, por tanto, debemos hacerlo. Se lo debemos a la siguiente generación.
*Oficial de Seguridad Alimentaria de la Iniciativa “América Latina y Caribe sin Hambre”, www.rlc.fao.org/iniciativa
Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe, Santiago, Chile, Joseluis.vivero@fao.org
Estamos en medio de una tormenta alimentaria perfecta, que tendrá nefastas consecuencias para los hogares más vulnerables del planeta. Se estima que esta subida notable del precio de los alimentos va a forzar a 100 millones de personas a entrar en el poco honroso club de los pobres extremos, de los cuales ya hemos registrado estadísticamente a 50 millones de hambrientos adicionales que han aumentado sólo en el 2007, según las ultimas cifras de FAO. Y la CEPAL indica que en Latinoamérica podríamos tener entre 10 y 15 millones más de pobres extremos al final del año.
¡Qué sangrante paradoja en la región que más se va a beneficiar del alza del precio mundial de los commodities alimentarios! América Latina ganará mucho dinero exportando alimentos más caros y sigue teniendo 52 millones de hambrientos en su territorio, 9 millones de ellos niños que sufre desnutrición crónica, lo que es una cadena perpetua de por vida. La región genera un 30% más de los alimentos necesarios para que todo el mundo coma bien. Es decir, no es un problema de producción sino de acceso a la comida.Tras este oscuro preludio, me propongo detallar las diez principales razones por la cuales nuestra región no debería tener hambrientos ni desnutridos, y por qué se justifica priorizar el combate al hambre en todos los países, con el objetivo de que la región pueda estar “libre de hambre” en un plazo que todos podamos ver.
1.- Porque acabar con el hambre es una meta posible. América Latina y el Caribe tiene la capacidad financiera, institucional, de recursos humanos y naturales para erradicar el hambre en una generación. Hay que movilizar a la sociedad en su conjunto para terminar con el hambre, pues es un objetivo moralmente incuestionable y prácticamente alcanzable en una generación.
2.- Porque la razón ética y mediática está con el hambre a cero no con el hambre a la mitad. Eliminar totalmente el hambre es la meta, reducir a la mitad como establecen los Objetivos de Desarrollo del Milenio es sólo un objetivo intermedio. La experiencia del programa “Fome Zero” de Brasil muestra que los objetivos que aglutinan a toda la población, y en la cual todos y cada uno de los ciudadanos se sienten parte, son menos cuestionados y mejor entendidos. Llegan a la gente. Como prueba de esto, FAO y PMA acordaron establecer la erradicación de la desnutrición crónica infantil como la meta intermedia para el 2015.
3.- Porque los Objetivos de Desarrollo del Milenio no bastan. Los ODM son muy pertinentes para el mundo como metas mínimas, pero no parecen estar justificados como objetivos de desarrollo humano pleno. Si consideramos que un ciudadano alcanza su plenitud cuando tiene cubiertas su necesidades básicas, satisfechos sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y se siente parte de la colectividad nacional, no podemos aceptar como “desarrollo pleno” la reducción a la mitad de las muertes por desnutrición, la falta de acceso a la salud y la educación o la carestía de un hogar habitable.
4.- Porque este desafío Latinoamericano puede convertirse en una “marca” político-estratégica regional. Tener un espacio “libre de hambre” puede convertirse en un objetivo dinamizador de la cooperación en la Región, un componente de su “marca” político-estratégica que implique el “desafío latinoamericano”, y que marque diferencias frente a las otras dos regiones en desarrollo donde acabar con el hambre no parece tan factible (Africa y Asia). La Iniciativa “América Latina y el Caribe sin Hambre” apoya a los países de la región a posicionarla en la agenda del desarrollo mundial, y la lucha contra el hambre como prioridad regional.
5.- Porque toda reducción de la pobreza pasa inevitablemente por la eliminación del hambre. En América Latina y el Caribe, la población en extrema pobreza en 2004 representaba el 18% (96 millones) mientras que la población subnutrida alcanzaba el 10% (52 millones). Así, combatir el hambre no es lo mismo que combatir la pobreza. Los programas de seguridad alimentaria tienen como objetivo encontrar soluciones rápidas y de amplia envergadura para reducir drásticamente el número de los hambrientos. Esto implica que la lucha contra el hambre, pre-requisito del combate a la pobreza, puede llevarse a cabo mediante programas nacionales poco complejos. El hambre es la más cruel y extrema dimensión de la pobreza.
6.- Porque este es el momento político-económico adecuado. América Latina vive un momento de crecimiento económico que no experimentaba hace cuatro décadas (con un crecimiento medio superior al 4% anual). Este crecimiento se verá afectado por el alza del precio de los alimentos, pero también muchos países van a aumentar sus ingresos por exportación de commodities alimentarios. En general, la denominada “crisis alimentaria” puede suponer una buena oportunidad para la región en su conjunto. Por otro lado, las elecciones de los últimos 3 años han colocado nuevos gobiernos al frente de sus países que están revalorizando las cuestiones sociales, colocándolas en muchos casos por delante de los temas económicos o de seguridad. Y se está aumentando el gasto social, entendido como inversión.
7.- Porque lo social es eje central de las políticas públicas del Estado. Desde hace un tiempo, se está produciendo un giro de largo alcance en el papel del Estado como conductor de la política y la economía del país, y no como mero ente regulador como se establecía en el Consenso de Washington. La crisis multicausal en la que está el mundo inmerso actualmente (financiera, energética, medioambiental y alimentaria) está forzando a replantearse el rol de los Estados como reguladores y protectores de sus ciudadanos, frente a agentes transnacionales que operan sin transparencia en el libre mercado. El Estado está recuperando espacios perdidos en los años noventa con una mayor participación para garantizar los derechos mínimos de sus ciudadanos, y como responsable de una mayor cohesión social (mejor reparto de beneficios y red de protección social más inclusiva).
8.- Porque la alimentación es un derecho. Esto aparecía en la Carta de Derechos del Hombre desde 1946, pero no fue hasta la entrada en vigor del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1976 que el derecho a la alimentación cobró cuerpo jurídico y vinculante. El derecho a la alimentación tiene una doble dimensión: estar libre de hambre y tener acceso a una alimentación adecuada con inocuidad y pertinencia cultural. Evidentemente, la primera sólo afecta a los hambrientos y ha de ser garantizada de manera inmediata. La segunda dimensión afecta a todo el mundo y su cumplimiento ha de llevarse a cabo de manera progresiva y ha de ser el objetivo de una política alimentaria en base a los derechos humanos. Para cumplir con esto, se necesita un marco institucional y legal adecuado que cree condiciones adecuadas y mantengan las iniciativas de lucha contra el hambre a través de los años, sin depender de la voluntad de los gobiernos de turno.
9.- Porque el hambre impide el desarrollo pleno de la democracia y la ciudadanía. Con el estomago vacío no se participa. El hambre alimenta tensiones sociales, repercute en la gobernabilidad y en el pleno desarrollo de la democracia. Tal vez por eso, en muchas naciones latinoamericanas donde no se satisfacen las necesidades primarias (comer, hogar, agua potable, salud), los ciudadanos prefieren un modelo donde prime el desarrollo económico sobre los valores inherentes a democracias, tal y como destapó un informe del PNUD en 2004. Y como las desigualdades se mantienen y el crecimiento económico sólo beneficia a unos pocos, estas “democracias hambrientas” no cuentan con la legitimidad de sus ciudadanos. Esto demuestra que tenemos que considerar el hambre como un tema político y no sólo una cuestión social, técnica o humanitaria.
10.- Porque el hambre repercute negativamente en el crecimiento económico y la competitividad. Elevadas cifras de desnutrición afectan al desempeño económico, tal y como demuestran estudios recientes del Banco Mundial, vinculando la desnutrición infantil con la disminución en el crecimiento del PIB anual. La desnutrición infantil es irreversible y afecta a la capacidad física y mental de las personas, disminuyendo su capacidad profesional. Cuando tenemos cifras de desnutrición superiores al 20% esto afecta seriamente a la competitividad de un país. Es por eso que la reducción del hambre no debe ser vista como un gasto social sino como una buena inversión económica a corto, medio y largo plazo, ya que repercute en un mayor crecimiento económico. Esto es la conclusión a la que han llegado los premios Nobel que se reúnen bajo el paraguas del Consenso de Copenhague: las inversiones más rentables y eficientes para cumplir los ODM son aquellas que buscan reducir la desnutrición infantil.
Estas diez razones requieren de voluntad política a alto nivel para materializarse en acciones concretas. Se requiere el liderazgo de individuos notables para convencer a la población y a quienes manejan las maquinarias del Estado para poner en marcha programas nacionales de lucha contra el hambre que cuenten con fondos adecuados, una institucionalidad sostenible, apoyo de diversos sectores, ayuda financiera internacional y que sea, finalmente, una “Política de Estado”. No vamos a acabar con el hambre en América Latina y el Caribe en 10 años, pero si debemos estar convencidos que con los medios adecuados, podemos hacerlo, sabemos hacerlo y, por tanto, debemos hacerlo. Se lo debemos a la siguiente generación.
*Oficial de Seguridad Alimentaria de la Iniciativa “América Latina y Caribe sin Hambre”, www.rlc.fao.org/iniciativa
Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe, Santiago, Chile, Joseluis.vivero@fao.org
