Cocina para impostores es la nueva biblia para quienes viven deprisa y alegan que no tienen tiempo para alimentarse bien. "¡Eso es un pretexto. Muchas veces comemos fatal porque no nos ponemos. En 10 o 15 minutos se puede hacer un plato rico y nutritivo!", argumenta Falsarius Chef desde su refugio frente al mar de Cádiz. Y para componer un menú impostor, "que no pasa de cinco euros", propone "astutas recetas de cocina usando congelados, latas y conservas".
La fama de Falsarius ha llegado hasta la FAO (la agencia de la ONU para la alimentación). Su talante práctico formará parte del proyecto Chefs contra el Hambre (www.rlc.fao.org/iniciativa/chefs.htm).
Leer la nota completa aquí
miércoles 30 de enero de 2008
viernes 25 de enero de 2008
Última semana de inscripción para los Cursos a Distancia FODEPAL
El Proyecto FODEPAL, ejecutado por FAO y financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), cerrará este 31 de enero la recepción de postulaciones para sus Cursos a Distancia del Primer Semestre de 2008.
Los Cursos FODEPAL se dictan mediante técnicas de e-learning y están dirigidos a la capacitación de gestores, formuladores y actores relacionados con políticas públicas en materia de Seguridad Alimentaria, Desarrollo Rural sostenible, Gestión Integral de los Recursos Naturales y Comercio Agrario Internacional.
Los Cursos comenzarán a partir del 17 de marzo de 2008, y serán de 13 semanas de duración. El valor de los Cursos es de US$ 150, aunque existe un descuento de US$ 25 por pronto pago.
Además, existe la posibilidad de un descuento del 40% para los interesados provenientes de una misma institución, descuento que se realiza mediante la firma de un Convenio Institucional entre la entidad interesada y el Proyecto FODEPAL. Más información sobre convenios >>
Para esta nueva convocatoria, se han abierto las postulaciones para los siguientes Cursos:
Seguridad Alimentaria - SAL
Desarrollo Rural. Nuevos Enfoques y Métodos - DRU
Gestión de Políticas Públicas para Áreas Rurales - GPP
Gestión y Evaluación de Espacios Naturales Protegidos - GEN
Comercio Agrícola Internacional. OMC y Negociación Multilateral - CAG
El Proyecto FODEPAL brinda formación orientada a la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas, destinada a gestores y tomadores de decisión relacionados al Desarrollo Rural, la Seguridad Alimentaria y la Gestión de Recursos Naturales. Desde sus inicios en el año 2001, FODEPAL ha brindado 102 Cursos a Distancia, de los que han participado alrededor de 5.600 profesionales de Iberoamérica.
Para más información sobre los Cursos, pueden ingresar a:
http://www.fodepal.org/Cursos/cursnvo.htm
Para obtener información sobre los Convenios Institucionales, escribir a:
RLC-fodepal@fao.org
Los Cursos FODEPAL se dictan mediante técnicas de e-learning y están dirigidos a la capacitación de gestores, formuladores y actores relacionados con políticas públicas en materia de Seguridad Alimentaria, Desarrollo Rural sostenible, Gestión Integral de los Recursos Naturales y Comercio Agrario Internacional.
Los Cursos comenzarán a partir del 17 de marzo de 2008, y serán de 13 semanas de duración. El valor de los Cursos es de US$ 150, aunque existe un descuento de US$ 25 por pronto pago.
Además, existe la posibilidad de un descuento del 40% para los interesados provenientes de una misma institución, descuento que se realiza mediante la firma de un Convenio Institucional entre la entidad interesada y el Proyecto FODEPAL. Más información sobre convenios >>
Para esta nueva convocatoria, se han abierto las postulaciones para los siguientes Cursos:
Seguridad Alimentaria - SAL
Desarrollo Rural. Nuevos Enfoques y Métodos - DRU
Gestión de Políticas Públicas para Áreas Rurales - GPP
Gestión y Evaluación de Espacios Naturales Protegidos - GEN
Comercio Agrícola Internacional. OMC y Negociación Multilateral - CAG
El Proyecto FODEPAL brinda formación orientada a la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas, destinada a gestores y tomadores de decisión relacionados al Desarrollo Rural, la Seguridad Alimentaria y la Gestión de Recursos Naturales. Desde sus inicios en el año 2001, FODEPAL ha brindado 102 Cursos a Distancia, de los que han participado alrededor de 5.600 profesionales de Iberoamérica.
Para más información sobre los Cursos, pueden ingresar a:
http://www.fodepal.org/Cursos/cursnvo.htm
Para obtener información sobre los Convenios Institucionales, escribir a:
RLC-fodepal@fao.org
martes 22 de enero de 2008
viernes 18 de enero de 2008
La sociedad civil y el combate al hambre
A pesar de que con frecuencia sentimos frustración por la aparente imposibilidad de erradicar el hambre por completo en nuestra Región – y en el mundo --, siempre volvemos a animarnos cuando descubrimos el cúmulo de organizaciones sociales, iniciativas y grupos ciudadanos que, sacrificando su tiempo, dinero y esfuerzo, se vuelcan para poner su parte en esta gesta.La Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre, un proyecto de países y de las Naciones Unidas (a través de la FAO), busca ser un centro de reunión, un punto de encuentro para todas estas propuestas civiles. Sabemos que los recursos económicos y humanos necesarios para eliminar la desnutrición existen. Sólo falta ponerlos en acción, coordinadamente, para lograrlo.
Es por eso que celebramos el trabajo de las muchas organizaciones existentes, esperando poder ayudarlas y ayudarnos a hacer más efectiva la guerra contra el hambre.
Mencionamos dos, que consideramos esfuerzos originales e interesantes de combate al hambre:
La Asociación Socio-Cultural DJs CONTRA LA FAM es una organización sin ánimo de lucro de carácter socio-creativo que coordina proyectos culturales multidisciplinares como herramienta de transformación social. El modus operandi de la entidad es organizar, promocionar y gestionar acciones de cultura urbana contemporánea, poniendo la cultura al servicio de la acción social.
La Asociación Socio-Cultural DJs CONTRA LA FAM es una organización sin ánimo de lucro de carácter socio-creativo que coordina proyectos culturales multidisciplinares como herramienta de transformación social. El modus operandi de la entidad es organizar, promocionar y gestionar acciones de cultura urbana contemporánea, poniendo la cultura al servicio de la acción social.
Restaurantes contra el Hambre, cuyo objetivo es realizar una campaña de sensibilización y captación de fondos mediante la colaboración de los restaurantes y sus clientes para contribuir en la lucha contra el hambre.
jueves 17 de enero de 2008
Suffer the children
Peru
Jan 10th 2008 LLIUPAPUQUIO
From The Economist print edition
Malnutrition amid growing plenty
KICKING a football around a dusty lot, Judin Quicaño looks like any other boy of four. But stand him against a standard growth chart and he is almost a head shorter than he should be at his age. His mother says that is just his natural build. Health officials say he is among nearly 30% of Peruvian children in his age group who suffer from chronic malnutrition. The figure rises to 90% in places such as Lliupapuquio, a village in Apurímac department in Peru's heavily Indian southern Andes where Judin lives.
The picture is similar in neighbouring Bolivia and Ecuador. What makes the stunting of children's lives and bodies more shocking in Peru's case is that the country is enjoying a boom. The GDP expanded by 8.3% last year alone, and is some 45% bigger today than it was in 2001. Many of the poor benefit from social programmes. The government spends around $250m a year on food-aid schemes alone, which reach three-quarters of families in poor rural areas.
So why does malnutrition remain so prevalent? One reason is that in the Andes it generally manifests itself as stunted growth. Many Peruvians, often including the parents of the children concerned, believe that people of Andean Indian descent are naturally short. Malnutrition is thus “invisible” because the children are not “super-thin or dehydrated”, says Ian Walker, a social-protection specialist at the World Bank. But children who do not eat well in their first two years will face learning difficulties.
Although governments have increased spending on social programmes, they have done little to improve their effectiveness. In Apurímac, mayors complain of duplication, corruption and lack of local control. But the biggest problem is that economic growth is not reaching many parts of the Andes. Official figures put poverty in Apurímac at 74.8% in 2006, having increased slightly since 2004. In such places, a lack of transport, education and health care all conspire against progress.
When he took office in July 2006, President Alan García pledged to cut the incidence of child malnutrition by eight percentage points by the end of his term in 2011. The World Bank and other development agencies are trying to help. Last year the World Bank approved a $150m loan for streamlining social programmes and to enhance their impact on malnutrition, health and schooling, especially in Andean Indian villages.
There are reasons for hope. In Santa María de Chicmo, a district in Apurímac, the incidence of malnourishment in children has been cut from 80% to 30% since 2000. Most of the credit belongs to a scheme pioneered by Kusi Warma, an NGO whose name means “Happy Child” in Quechua, and whose work is backed by the municipal council and Unicef, the United Nations' children fund. It revolves around a small centre where new mothers bring their children for pre-school education and information about nutrition and health. The task facing Peru is to replicate this success, and go beyond it.
Jan 10th 2008 LLIUPAPUQUIO
From The Economist print edition
Malnutrition amid growing plenty
KICKING a football around a dusty lot, Judin Quicaño looks like any other boy of four. But stand him against a standard growth chart and he is almost a head shorter than he should be at his age. His mother says that is just his natural build. Health officials say he is among nearly 30% of Peruvian children in his age group who suffer from chronic malnutrition. The figure rises to 90% in places such as Lliupapuquio, a village in Apurímac department in Peru's heavily Indian southern Andes where Judin lives.
The picture is similar in neighbouring Bolivia and Ecuador. What makes the stunting of children's lives and bodies more shocking in Peru's case is that the country is enjoying a boom. The GDP expanded by 8.3% last year alone, and is some 45% bigger today than it was in 2001. Many of the poor benefit from social programmes. The government spends around $250m a year on food-aid schemes alone, which reach three-quarters of families in poor rural areas.
So why does malnutrition remain so prevalent? One reason is that in the Andes it generally manifests itself as stunted growth. Many Peruvians, often including the parents of the children concerned, believe that people of Andean Indian descent are naturally short. Malnutrition is thus “invisible” because the children are not “super-thin or dehydrated”, says Ian Walker, a social-protection specialist at the World Bank. But children who do not eat well in their first two years will face learning difficulties.
Although governments have increased spending on social programmes, they have done little to improve their effectiveness. In Apurímac, mayors complain of duplication, corruption and lack of local control. But the biggest problem is that economic growth is not reaching many parts of the Andes. Official figures put poverty in Apurímac at 74.8% in 2006, having increased slightly since 2004. In such places, a lack of transport, education and health care all conspire against progress.
When he took office in July 2006, President Alan García pledged to cut the incidence of child malnutrition by eight percentage points by the end of his term in 2011. The World Bank and other development agencies are trying to help. Last year the World Bank approved a $150m loan for streamlining social programmes and to enhance their impact on malnutrition, health and schooling, especially in Andean Indian villages.
There are reasons for hope. In Santa María de Chicmo, a district in Apurímac, the incidence of malnourishment in children has been cut from 80% to 30% since 2000. Most of the credit belongs to a scheme pioneered by Kusi Warma, an NGO whose name means “Happy Child” in Quechua, and whose work is backed by the municipal council and Unicef, the United Nations' children fund. It revolves around a small centre where new mothers bring their children for pre-school education and information about nutrition and health. The task facing Peru is to replicate this success, and go beyond it.
martes 15 de enero de 2008
Articular esfuerzos contra el hambre y garantizar la seguridad alimentaria
* Desnutrición infantil compromete el futuro de Nicaragua * Legislar y actuar ya, para enfrentar desastres sin hambrunas * ¿Produciremos lo que se nos imponga, a costa de...?Publicado por www.ElNuevoDiario.com.ni
Ernesto Aburto
12:20 - 14/01/2008
Biólogos y expertos médicos coinciden en que infancia desnutrida es adultez enferma, y que los daños de la desnutrición en la niñez y adolescencia son irreversibles.
Ese axioma, universalmente preocupante, es además angustioso y alarmante para países como Nicaragua, donde el 78 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza ordinaria y de pobreza extrema.
Según la Cuarta Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos realizada por el Mag-for en 2004, los ciudadanos de este 78 por ciento poblacional no tienen recursos ni ingresos para ingerir las 2,290 kilocalorías diarias que, según la ciencia médica, son la mínima cantidad requerida para que un ser humano se desarrolle y mantenga su anatomía sin arriesgar su salud.
Primera pregunta: ¿Será posible para estos conciudadanos evitar que a la vuelta de veinte años seamos un país de pacientes crónicos?
Adicionalmente, cada desastre natural desnuda y agudiza una dramática vulnerabilidad alimentaria con respecto a las comunidades afectadas. No hay reservas, no hay previsiones, no hay provisiones, ni hay seguridad de que la gente pueda comer en los momentos posteriores a las labores de rescate, sino que hasta bastante después.
Segunda pregunta: ¿Será posible pensar en desastres naturales que no vayan seguidos de hambruna?
En el mismo orden, la reciente crisis del arroz y los frijoles puso de relieve la debilidad de los controles gubernamentales sobre la producción y comercialización nacional e internacional de estos granos y de otros, en tanto que Nicaragua, como país, es altamente dependiente de la tecnología agropecuaria extranjera, y no tiene el control total de los insumos requeridos para sus ciclos productivos.
Tercera pregunta: ¿Podremos tener alguna vez soberanía alimentaria contra alimentos impuestos, y para decidir por nosotros mismos la priorización de la producción de alimentos por encima de las materias primas agrícolas que demandan para fines industriales los países ricos a precios bajos en mercados injustos?
Para la ex diputada titular, hoy diputada suplente, Dora Zeledón, las tres preguntas tienen una respuesta positiva en la demandada Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, que ella viene promoviendo y gestionando desde 1997 en la Asamblea Nacional. Por eso le preguntamos:
¿Por qué una ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional?
Porque es urgente contar con un marco jurídico que de manera integral y permanente responda a la situación de inseguridad alimentaria y nutricional severa que padece la población del campo y de la ciudad en nuestro país; ello en cumplimiento del mandato de la Constitución, en su artículo 63, que establece la protección contra el hambre, y obliga al Estado a promover programas que aseguren la adecuada producción y disponibilidad de alimentos, así como la distribución equitativa de los mismos. Esta ley también se enmarca en los convenios internacionales que ha firmado Nicaragua sobre el tema, desde la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948.
Y mientras tanto, ¿qué pasa?
Que todavía no existe un marco jurídico que desarrolle los preceptos constitucionales ni los compromisos internacionales, a pesar de que los estudios, incluso los de Naciones Unidas, del PMA y de la Cepal, y más recientemente del informe mundial presentado por la FAO-ONU en Chile, que ubica a Nicaragua en situación de inseguridad alimentaria severa en la lista de los 37 países del mundo que enfrentan crisis de alimentos. Nicaragua es el segundo país de América Latina y el Caribe, después de Haití, con los mayores índices de inseguridad alimentaria y nutricional.
Presentamos, además, un alto grado de fragilidad y vulnerabilidad frente a los desastres naturales que afectan la producción nacional, agravado por los planes neoliberales de ajuste estructural que han incrementado el desempleo, empobrecido a la población, desmantelado la reforma agraria y privatizado los servicios de almacenamiento de granos básicos. El déficit de la producción alimenticia --especialmente del arroz-- obliga a incrementar las importaciones empresariales en detrimento de la economía nacional y del empleo.
Nuestra situación se agrava debido a las subidas sin precedentes del precio de los alimentos básicos, originado por reservas existentes bajas, desastres naturales relacionados con el cambio climático, los altos precios del petróleo y la creciente demanda de biocombustibles.Según entendemos, la Ley ya fue aprobada en lo general por el plenario de la Asamblea Nacional. Al discutirse en lo particular, artículo por artículo, ¿qué esperan ustedes que quede plasmado en la nueva legislación?
Esperamos un marco jurídico que garantice la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional para el futuro desarrollo sostenible del país. Para que hombres y mujeres pueden acceder, disponer y consumir en cantidad y calidad lo que satisfaga sus necesidades alimentarias y su bienestar nutricional, pero a grandes rasgos, la ley debe garantizar otros elementos…¿Como cuáles?
Bueno, la participación articulada con enfoque de género de las instituciones de gobierno encargadas del desarrollo de las políticas agrícola, pecuaria, pesquera, forestal, de salud, de nutrición, educacionales; políticas agroindustriales, crediticias, técnicas y financieras, entre otras, con el objetivo de armonizar desde cada entidad ministerial las acciones y medidas de una política integral de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.
¿Cuáles serían otros aspectos a garantizar en la versión final de la Ley?
Yo creo que son elementos básicos la participación comunitaria y la promoción de concertaciones entre las instituciones oficiales, los gremios, la empresa privada, el sistema cartográfico de la vulnerabilidad e inseguridad alimentaria y nutricional (Siciav) y los organismos de cooperación que trabajan en la solución de las necesidades básicas de la población empobrecida. También se debe contribuir a aliviar la pobreza, a los cambios de hábitos y patrones de alimentación por otros más saludables.
Una Ley como la que promovemos debe, además, liberar de aranceles la importación de equipos y maquinarias agropecuarias, adelantar el proceso de legalización de tierras, con la mujer campesina como titular de las mismas, identificar y priorizar la demanda de créditos, y garantizar que se solicite y se reciba donaciones alimentarias en correspondencia con los patrones de consumo del país. En el mismo orden, crear y fortalecer instrumentos técnicos y de reserva con Enabás, mantener reservas para ayudar a la población que sufra desastres, y articular el programa de seguridad alimentaria dentro de toda la red de estrategias de combate a la pobreza, incluido el programa “Hambre Cero”. Asimismo, debe garantizarse por ley una instancia oficial que dirija la estrategia y política de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional que incluya la participación de todos los actores del gobierno, empresa privada y sociedad civil involucrados en el tema, garantizando que el gobierno asigne los recursos para poner en marcha toda esta política.
Una ley con visión de sistema
Desde un sueño a la casi realidad
Si bien la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional ya fue aprobada en lo general por la Asamblea, el desafío actual, en cambio, es que los diputados, al continuar el debate en lo particular, terminen aprobando una legislación con visión de sistema integrado, y que además, ordene la creación del Sistema de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sinassan).
Así lo expuso la ex diputada Dora Zeledón Zeledón ante el seminario sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sysan) y Propuesta de Enriquecimiento a la Ley, que realizó la Asamblea Nacional en coordinación con la FAO el 6 de noviembre de 2007, en la Asamblea Nacional, con asistencia de diputados y diputadas de las bancadas del FSLN, PLC, ALN, MRS, de autoridades de gobierno, de la empresa privada y de otros representantes de la sociedad civil.
Diez años de lucha e incidencia
Hasta esta propuesta final de enriquecimiento de la Ley, han transcurrido ya diez años desde que su autora, la entonces diputada Dora Zeledón, empezara a realizar acciones de incidencia en el Parlamento, demandando una respuesta integral al problema de la inseguridad alimentaria y nutricional que ya se había apoderado de todo el país en los primeros siete años de gobiernos neoliberales que privatizaron los servicios públicos, desmantelaron la reforma agraria de los años ochenta, abandonaron a los pequeños y a los medianos productores del campo, y --entre otros males-- generalizaron el desempleo.
La idea de impulsar esta Ley la compartió Dora Zeledón desde 1997, con el Grupo Propositivo de Cabildeo (GPC), estando la misma dentro de las principales prioridades de la bancada sandinista, hasta que el 21 de septiembre de 1998 lograron presentar ante la Asamblea la primera versión del proyecto de ley con el respaldo de diputados y diputados de las diversas bancadas.
Pero mientras el proyecto dormía atorado en “la tubería” parlamentaria, Zeledón y los grupos de la sociedad civil que demandaban su aprobación, aprovechaban el tiempo para mejorarlo con los resultados de un estudio que auspiciaron la Unicef y el PNUD, titulado: “La Seguridad Alimentaria y Nutricional: un reto para la legislación nicaragüense”, el cual recoge datos analíticos sobre el hambre en el país, e incorpora las opiniones y sugerencias del Minsa, MiFamilia y Mined, así como de sectores sociales como la UNAG y organismos internacionales como los propios auspiciadores del estudio conducido por la ex diputada Dora Zeledón.
Aquí también se incorporaron las recomendaciones de la FAO al país, los compromisos asumidos con la Cumbre de Roma., y se realizó además un análisis de legislación comparada.
Todo esto permitió en 2000 introducir ante la Asamblea una segunda propuesta mejorada, mientras el Poder Ejecutivo terminaba de elaborar y aprobar, en octubre del mismo año, la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Aprobado en lo general
La existencia de dicha política obligó a reajustar el proyecto e introducir una nueva propuesta de ley en 2001. Más adelante, el Grupo de Interés por la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Gissan) contribuyó a mejorar el proyecto de ley, e hizo su propuesta al Parlamento.
Pero el proyecto, engavetado durante cinco años en la Asamblea Nacional, fue reactivado en 2006 por una comisión especial del Parlamento que procedió a dictaminarlo y a enviarlo al plenario, que apresuradamente lo aprobó en lo general.
A inicios de 2007, Dora Zeledón, por delegación del diputado Edwin Castro, jefe de la bancada sandinista, inició, con apoyo técnico de la FAO un proceso de mejoramiento y fortalecimiento cuyos resultados presentaron ante el ya mencionado seminario en la Asamblea Nacional.
Dentro de esta propuesta de fortalecimiento destacan, además de la creación del Sistema de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sinassan), todo un sistema orgánico administrativo formado por tres ramas principales: la Comisión Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan), el Comité Técnico del Sysan (Cotesan) y la Secretaría del Sysan (Sessan).
Un contexto positivo
“Todo este sistema --advirtió la ex diputada Dora Zeledón-- lleva un eje transversal de género. A su juicio, el compromiso y preocupación con la soberanía y seguridad alimentaria por parte del Poder Ejecutivo, presidido por el comandante Daniel Ortega mediante la priorización de la ley del Sysan, el Programa “Hambre Cero” y los recursos orientados para el Banco de Fomento, entre otros, se suman al compromiso de la Asamblea Nacional al aprobar en lo general el proyecto de ley. También aportan el esfuerzo y compromiso de las organizaciones empresariales, académicos y ONG con la promoción y aprobación de la ley.
“Este contexto positivo nos permitirá avanzar hasta lograr que el plenario apruebe por consenso este marco jurídico necesario para desarrollar la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional en nuestro país”, concluyó Dora Zeledón.
“Los pobres”, responde Dora Zeledón
¿Quiénes deben ser los priorizados por la Ley?
A juicio de la ex diputada y principal gestora de esta legislación desde hace diez años, Dora Zeledón Zeledón, la implementación de la Ley, por medio de la política, debe estar orientada a garantizar el desarrollo sostenible ambiental, social, cultural y humano del país, con equidad de género, priorizando a los sectores sociales con mayores problemas de desnutrición, desempleo, marginación, exclusión y abandono, los cuales son:
1.- El 78 por ciento de la población que vive en condiciones de pobreza y extrema pobreza.
2.- El 20 % de los niños que padecen desnutrición crónica.
3.- Las personas desempleadas del campo y la ciudad (60 y 70 %).
4.- Los infantes y las mujeres de las zonas urbanas y rurales que necesitan vender su fuerza de trabajo para la sobrevivencia familiar.
5.- Las personas que no tienen conocimientos de educación, salud, ni otros conocimientos prácticos.
6.- Quienes sufren exclusión de la política económica, pero que con lo poco que producen sobreviven y alimentan al resto de la población.
7.- Los seres humanos sin acceso al crédito, la tecnología y el mercado.
8.- Quienes enfrentan un mercado injusto en condiciones desfavorables.
9.- A quienes las políticas de precios han llevado a una producción de subsistencia, en condiciones de descapitalización.
10.- Al 60 % aproximado de la población que no tiene capacidad de acceso a la canasta básica, y al otro rango que vive en la indigencia.
Programa hambre cero y la realidad
Por Ricardo Sánchez Calero
El autor es Administrador de Empresas
El Programa hambre cero, creado y echado a andar por el actual Gobierno, se ha convertido en una de las políticas públicas de la Administración del presidente Ortega para tratar de paliar un poco la realidad socioeconómica de actualidad, enfocado específicamente en solucionar esta problemática en las zonas rurales de nuestro país.
Este programa gubernamental consiste básicamente en la repartición de animales a las familias de campesinos de diversas partes de nuestro país, con el objetivo de capitalizar las economías domésticas y dotarlas de recursos de autoconsumo y bienes comerciables para solventar la demanda alimenticia y alcanzar alivio monetario.
El programa hambre cero ha sido planteado por el Gobierno del presidente Ortega, como el apalancamiento para la erradicación definitiva de la pobreza en nuestro país, sin embargo, quizás por la desinformación a la ciudadanía que ha caracterizado a la actual administración, se desconoce cuál será el mecanismo y la estructura sobre la cual se está poniendo en práctica esta política pública.
Datos estadísticos de Nicaragua arrojan una realidad despiadada de índices de un 48 por ciento de pobreza y un 14.9 de pobreza extrema, ante lo cual la implementación de una sola política pública aislada orientada a erradicar esta situación no bastará para sacar de esta realidad a estas familias. En el corto plazo este programa deberá ser sometido a medición y evaluación de objetivos y metas proyectadas.
El programa hambre cero, al ser implantado por el Gobierno como el eje principal para desaparecer el hambre en nuestro país, limita a la actual administración a seguir buscando otras alternativas económicas aplicables para contribuir a la lucha en contra de la pobreza, hay que estar claros, que este programa es sólo un impulso para erradicar la miseria en nuestra nación, pero que no la vendrá a desaparecer por sí solo.
El Gobierno del presidente Ortega contempla amparar con este programa alrededor de 75 mil familias, dando prioridad a las mujeres cabezas de familia, lo cual hay que reconocer como un gran avance y contribución al desarrollo social del país, enfocado en la justicia social y el beneficio económico en favor de las mujeres.
El autor es Administrador de Empresas
El Programa hambre cero, creado y echado a andar por el actual Gobierno, se ha convertido en una de las políticas públicas de la Administración del presidente Ortega para tratar de paliar un poco la realidad socioeconómica de actualidad, enfocado específicamente en solucionar esta problemática en las zonas rurales de nuestro país.
Este programa gubernamental consiste básicamente en la repartición de animales a las familias de campesinos de diversas partes de nuestro país, con el objetivo de capitalizar las economías domésticas y dotarlas de recursos de autoconsumo y bienes comerciables para solventar la demanda alimenticia y alcanzar alivio monetario.
El programa hambre cero ha sido planteado por el Gobierno del presidente Ortega, como el apalancamiento para la erradicación definitiva de la pobreza en nuestro país, sin embargo, quizás por la desinformación a la ciudadanía que ha caracterizado a la actual administración, se desconoce cuál será el mecanismo y la estructura sobre la cual se está poniendo en práctica esta política pública.
Datos estadísticos de Nicaragua arrojan una realidad despiadada de índices de un 48 por ciento de pobreza y un 14.9 de pobreza extrema, ante lo cual la implementación de una sola política pública aislada orientada a erradicar esta situación no bastará para sacar de esta realidad a estas familias. En el corto plazo este programa deberá ser sometido a medición y evaluación de objetivos y metas proyectadas.
El programa hambre cero, al ser implantado por el Gobierno como el eje principal para desaparecer el hambre en nuestro país, limita a la actual administración a seguir buscando otras alternativas económicas aplicables para contribuir a la lucha en contra de la pobreza, hay que estar claros, que este programa es sólo un impulso para erradicar la miseria en nuestra nación, pero que no la vendrá a desaparecer por sí solo.
El Gobierno del presidente Ortega contempla amparar con este programa alrededor de 75 mil familias, dando prioridad a las mujeres cabezas de familia, lo cual hay que reconocer como un gran avance y contribución al desarrollo social del país, enfocado en la justicia social y el beneficio económico en favor de las mujeres.
La situación socioeconómica actual de las familias en pobreza o extrema pobreza es tan catastrófica que un apalancamiento financiero otorgado por parte del Estado a través de un bono productivo equivalente a 2,000.00 dólares servirá únicamente para sentar cimientos de cierto respaldo financiero en las economías domésticas.
El bono productivo alimentario incluye la entrega a cada familia beneficiada de una vaca preñada, una cerda cubierta, cinco gallinas y un gallo, semillas, plantas frutales y forestales a manera de un crédito revolvente y no en carácter de subsidio estatal, por lo cual se exige que estas familias velen por el rendimiento financiero y la utilización correcta de los bienes que respaldan la deuda contraída.
En mi carácter personal concibo con escepticismo y cautela los beneficios del programa hambre cero, por considerarlo insostenible en el tiempo y carente de estructura suficiente para su desarrollo. Si bien el beneficio inmediato es innegable para las familias beneficiadas, el efecto de desarrollo socioeconómico que el Gobierno central espera no es consecuente con los componentes del bono productivo.
El programa hambre ero como tal es una medida de beneficio inmediato para las familias empobrecidas, considerándolo microeconómicamente. Contarán con bienes de capital semipropios, pero no es una solución socioeconómica integral para nuestra macroeconomía, ya que el beneficio de los componentes del bono es muy escuálido para tratar de lograr que genere riquezas y contribuya a acelerar nuestra economía.
El Gobierno del presidente Ortega está en capacidad de elaborar otras decenas de programas hambre cero, mejor formulados y planteados que el inicial, y sumarlos en un marco nacional de políticas públicas específicas para enfrentar y derrotar la actual crisis socioeconómica de muestro país.Espero que el programa hambre cero acuñe a otra buena cantidad de proyectos gubernamentales planteados como políticas de Estado y así poder lograr que las familias nicaragüenses garanticen los tres tiempos de comida en su mesa.
miércoles 9 de enero de 2008
Solicita la FAO medidas ante el alza de precios de los alimentos
Por Ramón BARRERAS FERRÁN (barreras@enet.cu)(07/01/2008) 3:00 p.m.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) solicitó a la comunidad internacional y los gobiernos la adopción de medidas con carácter urgente para apoyar a las poblaciones más pobres ante la dramática y notable elevación de los precios de los alimentos.
De acuerdo con estudios recientes, 37 naciones del mundo afrontan crisis alimentarias causadas por conflictos bélicos o desastres naturales, los cuales se encuentran en mayor desventaja aún ante la subida del costo en el mercado internacional de un numeroso grupo de productos considerados básicos para la alimentación humana y del petróleo. A ese panorama se suma la presencia de sequías, inundaciones, olas de calor e intensas nevadas provocadas por el Cambio Climático y una creciente demanda de los biocombustibles, según aseguran expertos de la FAO.
Los cereales, por ejemplo, han registrado un incremento significativo del precio, lo cual ha agudizado la crisis en varios países. Con la publicación de las Perspectivas Alimentarias, la organización estimó que el costo total de los alimentos importados por los denominados Países de Bajos Ingresos y con Déficit de Alimentos (PBIDA) sería en un 25 por ciento mayor que en períodos similares precedentes, superando la astronómica cifra de 107 mil millones de dólares estadounidenses.
"Se necesitan nuevas y urgentes medidas para prevenir un agravamiento de las crisis alimentarias emergentes y relanzar rápidamente la producción de los cultivos en los países más afectados", aseguró Jacques Diouf, director general de la FAO, en una conferencia de prensa en sede de la esa organización en Roma. "Sin el apoyo a los agricultores pobres y sus familias en los países más afectados, éstos no podrán hacer frente a las dificultades. Una herramienta eficaz para proteger del hambre y la desnutrición a los hogares vulnerables de las zonas rurales será ayudarles a corto plazo y permitirles producir más alimentos", añadió.
En tal sentido, la FAO pide actuar con urgencia para proporcionar a los pequeños agricultores de los PBIDA con elevada dependencia de las importaciones alimentarias, un mejor acceso a insumos, como fertilizantes y semillas para aumentar la producción. La organización apoyará un programa modelo catalizador en estrecha cooperación con el sector privado. Al mismo tiempo, se ha propuesto ayudar a los países a movilizar los recursos necesarios para fortalecer su capacidad productiva, acceso a los mercados y otras medidas requeridas para la seguridad alimentaria de las familias a largo plazo.
viernes 4 de enero de 2008
¿Qué hacemos con los campesinos del mundo?
Por Gustavo Duch Guillot * para La JornadaObservando las realidades del mundo rural de nuestro planeta se puede llegar a una conclusión repetida y válida: parece que no existe espacio ni futuro para las pequeñas unidades familiares campesinas que alimentan directamente a más de la mitad del mundo.
Mayoritariamente las políticas globales y las políticas locales han definido e imponen, bajo los paradigmas neoliberales, un modelo de agricultura basado en modelos intensivistas capaces de producir grandes cantidades de alimentos con muy pocas manos participando en su siembra, cultivo, crianza, producción, etcétera, orientados hacia los mercados internacionales, hacia la exportación, donde la riqueza generada no revierte en el campesinado. El fenómeno de la aniquilación del campo sabemos que no es nuevo y que en momentos históricos pudo ser asimilado. Como en España, cuando en pleno desarrollo industrial existía una industria capaz de absorber a muchos de estos agricultores sin futuro. Pero esta situación no es la que se da actualmente en las naciones empobrecidas del sur con la mayoría de la población viviendo en el campo. Cuando llegan a las ciudades sólo les esperan los bolsones de pobreza.
Frente a estas posturas casi dogmáticas tenemos desde hace más de 10 años una propuesta alternativa que enfoca la lucha contra la pobreza a partir de la defensa de la agricultura familiar a pequeña escala, que se reconoce bajo la bandera de la soberanía alimentaria. Soberanía en tanto que defiende el derecho de los pueblos a poder definir sus directrices agrarias centradas en la defensa y promoción del aparato productivo nacional (como decía una dominicana, “mientras un pueblo pasa hambre no tiene lógica alguna exportar nada”). Y alimentaria, porque promueve una producción agraria basada en modelos agroecológicos que se demuestra no sólo son los únicos compatibles con el futuro de un planeta en crisis ambiental, sino también los más saludables, los más eficientes en cuanto a producción de alimentos, y en los que la riqueza se distribuye con verdadera justicia.
Para acercarnos a este nuevo paradigma hay que romper las reglas del juego que funcionan en la actualidad bajo una lógica mercantil, que sólo son generadoras de desigualdades, y abordar la temática desde el reconocimiento de un sistema de derechos humanos y un conjunto de políticas activas. Frente a la privatización de los bienes fundamentales para la producción de alimentos ha de prevalecer el derecho al acceso a la tierra, al agua y a las semillas que harán posible otro derecho humano vital: el derecho a la alimentación.
Hoy la tierra sigue distribuida en grandes latifundios que acaparan las mejores áreas cultivables arrinconando a los pequeños campesinos a las laderas, a los secarrales; el agua de riego es cada día un bien más escaso, pero no se renuncia a usos ociosos de la misma; y la distribución de las semillas, elemento básico de toda la cadena alimentaria, está concentrada en cinco monstruos empresariales.
Las políticas agrarias, forestales y pesqueras deberán enfocar muy lejos del actual modelo de apoyo a las agroindustrias, para defender y promover la pequeña producción campesina familiar y asegurar el control local de los procesos de transformación, distribución y comercialización de los alimentos para que salgan reforzadas las redes del mercado local y de temporada. Si no es así, seguirán repitiéndose crímenes tan graves como la presencia en mercados de países del sur de muchos alimentos importados, que por su economía de escala y las subvenciones que reciben, se sitúan a precios muy ventajosos frente a los locales, dejando a campesinas y campesinos sin oportunidades para comercializar sus productos. O la cada vez más presente fuerza de las grandes cadenas de supermercados. También éstas con su política de internacionalización y concentración se han hecho comunes en todos los países del mundo. Para los consumidores los mismos supermercados con las mismas marcas, como en casa. Para los productores agrícolas significa que disminuyen sus opciones de venta y las hace muy difíciles. Las grandes superficies tienen unas exigencias de volumen, regularidad, homogeneidad de los productos, y otras que de nuevo dejan fuera a las pequeñas explotaciones campesinas. Sin ellas el mundo no tiene porvenir.
* Director de Veterinarios sin Fronteras
Mayoritariamente las políticas globales y las políticas locales han definido e imponen, bajo los paradigmas neoliberales, un modelo de agricultura basado en modelos intensivistas capaces de producir grandes cantidades de alimentos con muy pocas manos participando en su siembra, cultivo, crianza, producción, etcétera, orientados hacia los mercados internacionales, hacia la exportación, donde la riqueza generada no revierte en el campesinado. El fenómeno de la aniquilación del campo sabemos que no es nuevo y que en momentos históricos pudo ser asimilado. Como en España, cuando en pleno desarrollo industrial existía una industria capaz de absorber a muchos de estos agricultores sin futuro. Pero esta situación no es la que se da actualmente en las naciones empobrecidas del sur con la mayoría de la población viviendo en el campo. Cuando llegan a las ciudades sólo les esperan los bolsones de pobreza.
Frente a estas posturas casi dogmáticas tenemos desde hace más de 10 años una propuesta alternativa que enfoca la lucha contra la pobreza a partir de la defensa de la agricultura familiar a pequeña escala, que se reconoce bajo la bandera de la soberanía alimentaria. Soberanía en tanto que defiende el derecho de los pueblos a poder definir sus directrices agrarias centradas en la defensa y promoción del aparato productivo nacional (como decía una dominicana, “mientras un pueblo pasa hambre no tiene lógica alguna exportar nada”). Y alimentaria, porque promueve una producción agraria basada en modelos agroecológicos que se demuestra no sólo son los únicos compatibles con el futuro de un planeta en crisis ambiental, sino también los más saludables, los más eficientes en cuanto a producción de alimentos, y en los que la riqueza se distribuye con verdadera justicia.Para acercarnos a este nuevo paradigma hay que romper las reglas del juego que funcionan en la actualidad bajo una lógica mercantil, que sólo son generadoras de desigualdades, y abordar la temática desde el reconocimiento de un sistema de derechos humanos y un conjunto de políticas activas. Frente a la privatización de los bienes fundamentales para la producción de alimentos ha de prevalecer el derecho al acceso a la tierra, al agua y a las semillas que harán posible otro derecho humano vital: el derecho a la alimentación.
Hoy la tierra sigue distribuida en grandes latifundios que acaparan las mejores áreas cultivables arrinconando a los pequeños campesinos a las laderas, a los secarrales; el agua de riego es cada día un bien más escaso, pero no se renuncia a usos ociosos de la misma; y la distribución de las semillas, elemento básico de toda la cadena alimentaria, está concentrada en cinco monstruos empresariales.
Las políticas agrarias, forestales y pesqueras deberán enfocar muy lejos del actual modelo de apoyo a las agroindustrias, para defender y promover la pequeña producción campesina familiar y asegurar el control local de los procesos de transformación, distribución y comercialización de los alimentos para que salgan reforzadas las redes del mercado local y de temporada. Si no es así, seguirán repitiéndose crímenes tan graves como la presencia en mercados de países del sur de muchos alimentos importados, que por su economía de escala y las subvenciones que reciben, se sitúan a precios muy ventajosos frente a los locales, dejando a campesinas y campesinos sin oportunidades para comercializar sus productos. O la cada vez más presente fuerza de las grandes cadenas de supermercados. También éstas con su política de internacionalización y concentración se han hecho comunes en todos los países del mundo. Para los consumidores los mismos supermercados con las mismas marcas, como en casa. Para los productores agrícolas significa que disminuyen sus opciones de venta y las hace muy difíciles. Las grandes superficies tienen unas exigencias de volumen, regularidad, homogeneidad de los productos, y otras que de nuevo dejan fuera a las pequeñas explotaciones campesinas. Sin ellas el mundo no tiene porvenir.
* Director de Veterinarios sin Fronteras
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